El presente paper analiza cómo la Presidencia de la República bajo la administración de Rodrigo Chaves Robles ha instrumentalizado de forma sistemática el aparato estatal para ejecutar ataques coordinados contra críticos políticos, periodistas, activistas civiles y funcionarios públicos independientes. A través del análisis de documentación pública, audios oficiales y expedientes judiciales, se documenta una estrategia deliberada de represión que viola estándares constitucionales y democráticos.
El análisis identifica que la Presidencia actúa como nodo coordinador central de una red de represión que involucra a múltiples instituciones del Estado (Ministerio Público, OIJ, DIS, CCSS, autoridades administrativas) bajo su dirección política, utilizando funcionarios aliados como intermediarios para ejecutar amenazas, represalias y persecuciones que permite al presidente mantener "distancia plausible" de actos represivos.
Hallazgos clave:
La democracia constitucional de Costa Rica se ha caracterizado históricamente por un sistema de controles y contrapesos que limita el poder ejecutivo y garantiza independencia a otros poderes del Estado. Sin embargo, desde 2022, la Presidencia de Rodrigo Chaves ha realizado una ofensiva sistemática para instrumentalizar aparatos del Estado con el propósito de perseguir, intimidar y represaliar a críticos políticos.
El objetivo de este paper es documentar cómo específicamente la Presidencia, como institución, ha orquestado ataques contra ciudadanos, medios y organismos. No se trata de actos aislados de un presidente impulsivo, sino de una estrategia coordinada que se ejecuta a través de: